Argentina redefine su política ambiental: Diputados aprueba la reforma que permite la minería en zonas periglaciares
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina alcanzó este jueves un punto de inflexión legislativo al aprobar, tras una sesión maratónica de doce horas, el proyecto de ley impulsado por la administración de Javier Milei que modifica la Ley de Glaciares. Con una votación final de 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, la Cámara Baja ratificó las modificaciones previamente aprobadas por el Senado en febrero, abriendo así el camino legal para la explotación minera en áreas de la Cordillera de los Andes que anteriormente gozaban de una protección absoluta. Esta reforma busca facilitar la extracción de minerales críticos como el cobre, el litio y la plata en regiones de permafrost y entornos periglaciares, áreas que son fundamentales para la regulación de los recursos hídricos del país.
El núcleo de la reforma reside en una redefinición técnica de lo que se considera un área protegida. Bajo la normativa establecida en 2010, un organismo científico nacional era el encargado de designar los glaciares y entornos periglaciares bajo resguardo, limitando severamente la actividad económica en sus proximidades. La nueva legislación otorga ahora mayores potestades a las provincias andinas para decidir qué zonas específicas deben protegerse y cuáles pueden ser explotadas económicamente. Este cambio ha sido recibido con firme apoyo por parte de los gobernadores de provincias con fuerte perfil minero como Mendoza, San Juan, Catamarca y Salta, quienes sostienen que la ley anterior contenía ambigüedades que frenaban inversiones multimillonarias necesarias para el desarrollo regional.
Desde la perspectiva económica, el gobierno de Javier Milei defiende la medida como una pieza clave para la recuperación financiera del país. Las proyecciones del Banco Central de la República Argentina, basadas en informes de la industria, sugieren que con este nuevo marco legal el país podría triplicar sus exportaciones mineras para el año 2030. En un contexto global de transición energética, Argentina se posiciona como un actor estratégico gracias a sus vastas reservas de litio, un mineral esencial para la producción de baterías y tecnologías verdes. El Ejecutivo argumenta que la seguridad jurídica y las definiciones claras son indispensables para atraer proyectos de gran escala que, hasta ahora, se encontraban paralizados por la rigidez de la normativa ambiental previa.
Sin embargo, el sector científico y las organizaciones ambientales han expresado una profunda preocupación por las consecuencias a largo plazo de esta decisión. Según datos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Argentina cuenta con cerca de 17.000 glaciares que ya han sufrido una reducción del 17% en la última década debido al cambio climático. Expertos advierten que la actividad minera en zonas periglaciares podría acelerar este deshielo, poniendo en riesgo el suministro de agua dulce para el 70% de la población argentina que depende de las cuencas alimentadas por la cordillera. La resistencia civil se manifestó con fuerza en las afueras del Congreso, donde miles de ciudadanos y activistas de organizaciones como Greenpeace se movilizaron bajo la premisa de que los daños a los ecosistemas glaciares son irreversibles.
Con la aprobación de esta ley, Argentina inicia una nueva etapa en la que el equilibrio entre el desarrollo industrial y la preservación de los recursos naturales será sometido a una prueba constante. Una vez que la ley sea publicada en el Boletín Oficial, entrará plenamente en vigor, permitiendo el inicio de nuevos estudios de impacto ambiental bajo criterios provinciales. El desafío para el Estado será ahora garantizar que el crecimiento económico prometido por la minería de gran escala no comprometa de manera definitiva la seguridad hídrica de las futuras generaciones, en un escenario climático que ya presenta signos evidentes de fragilidad en la región andina.